239 Investigaciones por Estafas Inmobiliarias

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en relación con las actuaciones del Ministerio Público por las presuntas estafas inmobiliarias, hay 239 investigaciones, 8 personas privadas de libertad, 9 acusaciones y 39 prohibiciones de salidas del país.

El anuncio lo hizo este jueves en el programa de radio “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, a través del cual agregó que también hay 38 empresas con medidas de aseguramiento, que consisten en la prohibición de enajenar y gravar bienes; así como la inmovilización de cuentas bancarias.
Precisó que de ese número de empresas, 29 específicamente, tienen la prohibición de movilizar sus cuentas.

Adicionalmente, informó que producto de las actuaciones del Ministerio Público hay cuatro personas con presentación periódica ante el tribunal correspondiente y dos personas con libertad bajo fianza.

En este sentido, la Fiscal General aseguró que este conjunto de actuaciones forma parte de las medidas que el Ministerio Público está tomando para garantizar a los ciudadanos su derecho constitucional a la vivienda.

Igualmente, manifestó que por parte de la Institución que dirige, comisionó un equipo de trabajo para atender las denuncias por estafas inmobiliarias, el cual está constituido por 3 directores, 6 fiscales nacionales y 60 fiscales regionales.

Advirtió que el Ministerio Público no tiene tres días trabajando contra las estafas inmobiliarias, pues desde el mes de junio del año pasado fue creado el Plan contra el Fraude, Estafa y Usura (FEU), el cual se encarga de investigar los fraudes inmobiliarios y de venta de vehículos.

Ante los procesos de expropiación emprendidos por el Ejecutivo Nacional, Ortega Díaz explicó que el derecho a la propiedad está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que dicha figura, sólo puede ser posible por causa de utilidad pública o por interés social.

“Las expropiaciones vienen a ratificar el derecho a la propiedad, porque no se está expropiando por capricho, sino por razón de interés social para garantizar a las personas el derecho a la propiedad”, señaló la Fiscal General.

Indicó que los inmuebles que están siendo objetos de expropiación tienen problemas en cuanto a las entregas, y las personas que compraron y pagaron la totalidad o parte del costo no han tenido respuesta.

“La única manera de que el Estado pueda darle respuesta, porque está en la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, es tomando medidas como la expropiación ¿para qué es la expropiación? No es para que el Estado se quede con el inmueble, sino para entregarle a los compradores su inmueble”, reiteró Ortega Díaz.